Google

Parece que los tijeretazos indiscriminados van a estar a la orden del día, y que las viejas discográficas y demás gigantescas empresas, va a seguir presionando a gobiernos como los de Estados Unidos de América.
La tecnología basada en la compartición de ficheros con Bit Torrents y otros programas similares, engloba a mucho más que a los ficheros con las viejas y caducas restricciones de copyright. Autores y empresas tecnológicas de todo índole se verán realmente afectadas, a parte de los usuarios que queramos compartir e intercambiar nuestro propio material.

Si sigue así la cosa, los usuarios tendremos que penalizar a Google y empezar a usar otros buscadores que no utilicen este ni ningún sistema de censura para los ficheros compartidos y las redes p2p.

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la SGAE decidió probar suerte en al vía civil, presentando una denuncia contra la web elrincondejesus.com por considerar que infringía la ley en materia de propiedad intelectual. Tres años después, el magistrado dictaba sentencia y declaraba sobreseído el caso.

La SGAE ha interpuesto hasta la fecha unas 40 demandas en los juzgados de lo penal y ni uno sólo les ha dado la razón (Excepto un caso donde los denunciados  pactaron con los demandantes y se declararon culpables).

El juez declara en una frase histórica “el sistema de enlaces constituye la base misma de Internet y multitud de páginas y buscadores (como Google) permiten técnicamente hacer aquello que precisamente se pretende prohibir en este procedimiento, que es enlazar a las llamadas redes P2P“.

Don Raúl García Orejudo considera que el sistema de ‘links’ o enlaces no supone ni distribución, ni reproducción, ni comunicación pública de las obras protegidas, ya que lo único que creó el autor del sitio demandado es un mero índice que facilita la búsqueda en redes de intercambio de archivos. Pero todavía va más allá puesto que afirma que “las redes P2P, como meras redes de transmisión de datos entre particulares usuarios de Internet, no vulneran derecho alguno protegido por la Ley de Propiedad Intelectual“.

Según el juez, cuando una persona descarga un archivo para su uso privado a través de las redes P2P, que son legales, ese mismo acto es perfectamente lícito, siempre que no haga uso lucrativo ni colectivo del mismo una vez obtenida la copia. Pero la mera obtención de la copia es un acto perfectamente legal, insiste. Además, recuerda la sentencia que la Ley de Propiedad Intelectual habla de la legalidad de la fuente y no de la legalidad del acceso, “de tal manera que la mayoría de los usuarios de estas redes acceden legalmente a la obra, por cuanto han celebrado un contrato lícito y válido a cambio de un precio con un prestador de servicios de la Red“. Y para rematar, la sentencia también alude al canon y determina que los soportes en los que se graban las descargas ya pagan ese canon, por lo que quedan legitimadas como copias privadas. Se puede decir más alto pero no más claro.

Para Carlos Sánchez Almeida, el abogado de Jesús Guerra, el dueño de la página sentenciada, “ha quedado claro que con la ley actual no se puede perseguir la copia digital”. Según este letrado, hay que echar abajo el modelo actual y edificar de nuevo la propiedad intelectual. Sin embargo, desde la industria cultural confiesan que se esperaban esta sentencia. “Precisamente porque era esto posible es por lo que se está cambiando la ley”, dice sin empacho el director de la Coalición de Autores e Industrias de Contenidos. Para Joan Navarro, la situación actual deja mucho margen de interpretación a los jueces. “Sentencias así eran esperables y es lo que queríamos evitar”, añade. “Con la nueva ley (LES), estas actividades serán ilícitas”. Y el gobierno podrá cerrar páginas sin intervención alguna de la justicia.

La industria de los derechos de autor ha forzado al gobierno a meter con calzador una disposición en la nueva Ley de Economía Sostenible donde permite a una entidad administrativa cerrar Web sin que medie intervención judicial alguna. Como las sentencias no les dan la razón, cambian la ley para que un órgano no judicial, formado por personas con intereses en el mundo cultural, pueda actuar a su antojo sin la tutela judicial efectiva que establece una democracia constitucional. Si nada lo remedia, en los próximos meses el estado español se saltará a los jueces y empezará a cerrar páginas a su libre albedrío.

Vias: Neoteo y Público .

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Mininova.org

La alternativa, de no acatar la orden, era tener que enfrentarse con una multa de hasta cinco millones de euros. Con todo,  Mininova ya venía retirando los enlaces cuando así les era requerido por los titulares de los derechos.

Hoy los responsables del sitio informan en Mininova limits its activities to Content Distribution service de que tras probar varias opciones de filtrado automático sin éxito, no les queda otro remedio que eliminar todos los torrents que no pertenezcan a su sistema de Distribución de Contenido , que nos otro en el que son los propios autores y propietarios de las obras los que las suben para su distribución gratuita a través de Mininova.

El capitoste de BREIN ha declarado “Aplaudimos que Mininova ahora use la tecnología BitTorrent para negocios legales. No estamos en contra de la tecnología, sino sólo contra el uso de la tecnología para fines ilegales”

Por su parte, Mininova ha recurrido pero esto es,  sin duda, un varapalo para la comunidad “torrentera”

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Hasta la fecha, en España, se requiere por ley una una autorización judicial previa para el temido corte, pero es bien sabido que el Gobierno hace tiempo que quiere cambiar esto.

Los eurodiputados habían frenado hasta ahora la aprobación de esta polémica reforma de las telecomunicaciones al reclamar, como dicta la lógica y la razón,  que la nueva normativa prohibiera expresamente el acceso a Internet sin orden judicial previa. Pero al final, no sorpresivamente,  el Parlamento ha cedido en sus exigencias y aceptó que no se requiera autorización judicial previa para cortar el acceso a Internet. El asunto es muy grave, amigos.

Como “parche”, la Eurocámara ha añadido una pequeña modificación a la normativa. En ella se afirma que las restricciones al acceso a Internet “sólo pueden imponerse si son adecuadas, proporcionadas y necesarias en una sociedad democrática”.  Vago texto que da lugar a cualquier interpretación que se quiera.   Tales medidas sólo podrán adoptarse “respetando el principio de presunción de inocencia y el derecho a la privacidad” y como resultado de un “procedimiento previo, justo e imparcial” que garantice “el derecho a ser escuchado” y “el derecho a una revisión judicial eficaz y en el momento oportuno”.  Resumiendo: primero se corta internet y después ya veremos. Esto resulta contradictorio con la presunción de inocencia de la que hablan.

Se ha parado alguien a pensar ¿a quién puede beneficia esto?  No a los usuarios, está claro. Las compañías de telecomunicaciones salen también perdiendo. ¿A los autores? No todos están de acuerdo con esto.  La mayoría perderán seguidores o “clientes” Una vez más queda patente que los políticos de segunda fila que tenemos  no gobiernan para el pueblo sino para los cuatro gatos que les mantienen en el cargo.  No importa el color o partido político,  (Socialistas y Populares han tenido idéntica postura) son las compañías y los lobbies quienes manejan los hilos.

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La sentencia, dice que “los imputados no facilitan la desprotección de los códigos claves para el visionado de los eventos deportivos, ni realizan conexiones con programas de desprotección, sino que lo que facilitaban son enlaces para descargar programas que permitían el visionado de tales eventos que, aunque con acceso de sistema codificado en España, son emitidos en abierto por canales de TV internacional”…

“no se desprende ni el comportamiento doloso de los imputados, ni que los programas que se facilitaban no fuesen de libre uso, siendo su utilización abierta y universal, no obteniendo por otra parte los denunciados beneficios directos por facilitar tales enlaces, sino remuneración indirecta de la publicidad del portal.”

Rojadirecta declaró que “sólo publica texto y enlaces externos a canales (o simples “streams”) que no gestiona Rojadirecta, que no tienen ningún poder sobre ellos, y que independientemente de que Rojadirecta los publicase o no estos seguirían estando accesibles por otros medios, incluso en portales de búsqueda por todos conocidos, como Google o Yahoo, que no han sido denunciados”.

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Este es el auto dictado por un juez de Barcelona dejando con un palmo de narices a la SGAE. La sociedad había solicitado el cierre del sitio web “El rincónDeJesús.com” alegando vulneración de derechos de autor, aunque dicho sitio se limitaba a proporcionar enlaces hacia terceros.

El auto no deja lugar a dudas: “introducir una obra fonográfica o videográfica en el programa Emule que ha sido previamente convertida a un archivo informático, compatible con dicho programa, no constituye un acto de reproducción”… “la copia no es objeto de una utilización lucrativa, ni tampoco colectiva, pues estas dos expresiones se refieren a la posterior utilización que se hace de la obra una vez descargada, una vez obtenida la copia“. …
Además dice que “puede ser perfectamente posible que el intercambio de archivo sea con una única persona”

Sin duda un triunfo de la razón.

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