El intercambio de archivos es legal en España

En España, el intercambio de archivos es legal. O esto podemos deducir de la sentencia histórica de un juez de lo civil en Barcelona.Esta sentencia sobre los P2P cierra la última vía que ha intentado la SGAE, tras agotar la via penal, para declarar el intercambio de archivos como ilegal.

la SGAE decidió probar suerte en al vía civil, presentando una denuncia contra la web elrincondejesus.com por considerar que infringía la ley en materia de propiedad intelectual. Tres años después, el magistrado dictaba sentencia y declaraba sobreseído el caso.

La SGAE ha interpuesto hasta la fecha unas 40 demandas en los juzgados de lo penal y ni uno sólo les ha dado la razón (Excepto un caso donde los denunciados pactaron con los demandantes y se declararon culpables).

El juez declara en una frase histórica “el sistema de enlaces constituye la base misma de Internet y multitud de páginas y buscadores (como Google) permiten técnicamente hacer aquello que precisamente se pretende prohibir en este procedimiento, que es enlazar a las llamadas redes P2P“.

Don Raúl García Orejudo considera que el sistema de ‘links’ o enlaces no supone ni distribución, ni reproducción, ni comunicación pública de las obras protegidas, ya que lo único que creó el autor del sitio demandado es un mero índice que facilita la búsqueda en redes de intercambio de archivos. Pero todavía va más allá puesto que afirma que “las redes P2P, como meras redes de transmisión de datos entre particulares usuarios de Internet, no vulneran derecho alguno protegido por la Ley de Propiedad Intelectual“.

Según el juez, cuando una persona descarga un archivo para su uso privado a través de las redes P2P, que son legales, ese mismo acto es perfectamente lícito, siempre que no haga uso lucrativo ni colectivo del mismo una vez obtenida la copia. Pero la mera obtención de la copia es un acto perfectamente legal, insiste. Además, recuerda la sentencia que la Ley de Propiedad Intelectual habla de la legalidad de la fuente y no de la legalidad del acceso, “de tal manera que la mayoría de los usuarios de estas redes acceden legalmente a la obra, por cuanto han celebrado un contrato lícito y válido a cambio de un precio con un prestador de servicios de la Red“. Y para rematar, la sentencia también alude al canon y determina que los soportes en los que se graban las descargas ya pagan ese canon, por lo que quedan legitimadas como copias privadas. Se puede decir más alto pero no más claro.

Para Carlos Sánchez Almeida, el abogado de Jesús Guerra, el dueño de la página sentenciada, “ha quedado claro que con la ley actual no se puede perseguir la copia digital”. Según este letrado, hay que echar abajo el modelo actual y edificar de nuevo la propiedad intelectual. Sin embargo, desde la industria cultural confiesan que se esperaban esta sentencia. “Precisamente porque era esto posible es por lo que se está cambiando la ley”, dice sin empacho el director de la Coalición de Autores e Industrias de Contenidos. Para Joan Navarro, la situación actual deja mucho margen de interpretación a los jueces. “Sentencias así eran esperables y es lo que queríamos evitar”, añade. “Con la nueva ley (LES), estas actividades serán ilícitas”. Y el gobierno podrá cerrar páginas sin intervención alguna de la justicia.

La industria de los derechos de autor ha forzado al gobierno a meter con calzador una disposición en la nueva Ley de Economía Sostenible donde permite a una entidad administrativa cerrar Web sin que medie intervención judicial alguna. Como las sentencias no les dan la razón, cambian la ley para que un órgano no judicial, formado por personas con intereses en el mundo cultural, pueda actuar a su antojo sin la tutela judicial efectiva que establece una democracia constitucional. Si nada lo remedia, en los próximos meses el estado español se saltará a los jueces y empezará a cerrar páginas a su libre albedrío.

Vias: Neoteo y Público .

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